La judicialización política, un término que ha ganado relevancia en América Latina, hace referencia a la práctica de utilizar el aparato judicial para resolver disputas políticas o para perseguir a opositores con el fin de inhabilitar o provocar el repudio popular contra un adversario político tanto oficialista como de la oposición según sea el interés, el contexto y los objetivos explícitos o implícitos.

El ex presidente Danilo Medina ha generado controversia al afirmar que sus hermanos han sido víctimas de lo que él denomina persecución política.

Esta declaración no solo pone en evidencia una vez más la división que existe en la política dominicana, sino que también invita a reflexionar sobre el contexto en el que se producen este tipo de afirmaciones.

El ex mandatario se refiere a la acusación que enfrentan sus hermanos, quienes están involucrados en casos legales que, según él, no son más que un instrumento de persecución política.

Da la impresión de que el expresidente esta enviando un mensaje a la población dando a entender que sus hermanos han sido sometidos a procesos judiciales que tienen motivaciones extrajudiciales, relacionadas con disputas de poder y no con hechos ilícitos reales.

Esto pone de manifiesto una de las mayores tensiones en la política dominicana: la constante lucha por el control de las instituciones y la polarización entre los diferentes actores políticos, que muchas veces se traduce en la utilización de los tribunales como un campo de batalla para eliminar rivales.

Es impresionante como el ex gobernante parece sentirse orgulloso de su gestión pues este hizo alardes  de que no cambiaría nada de su gobierno.

Reflejando una postura de confianza y seguridad en su administración liderada durante dos períodos consecutivos (2012-2020), al mismo tiempo que se mantiene firme en la defensa de sus políticas y decisiones.

Pareciera sufrir de amnesia o simplemente está ignorando las críticas que surgieron durante su gobierno, especialmente aquellas relacionadas con casos de corrupción y la falta de transparencia en la asignación de recursos públicos.

El hecho de que Medina no reconozca posibles errores o áreas de mejora en su administración también revela un tono de intransigencia y hasta soberbia.

Su defensa podría interpretarse como una forma de blindaje ante las acusaciones que han surgido en su contra desde que dejó el poder, además de un intento por consolidar su legado y mantener intacta la imagen de su gobierno ante la opinión pública.

Las palabras de Danilo Medina dejan en evidencia varias dinámicas cruciales para comprender la situación política en la República Dominicana.

Primero, la continua judicialización de los actores políticos, que da la impresión de que el sistema judicial se utiliza para fines políticos más que para el ejercicio de la justicia.

Y, segundo, la figura de un exmandatario que, lejos de reconocer posibles deficiencias o errores, reafirma su postura de que su gobierno fue inmaculado, lo que puede tener repercusiones tanto en la percepción pública como en su relación con la actual administración y la oposición.

El país se enfrenta a un panorama complejo donde las instituciones de justicia, la política y las figuras de poder se entrelazan, y las decisiones que se tomen en este contexto afectarán la estabilidad de la democracia y la confianza en las autoridades gubernamentales.

Por:Elayni Mateo